Cuando el cambio de régimen no necesita ningún cambio
Los Estados Unidos y su sistema político ha sido uno de los más resilientes del mundo. La Constitución de 1787 es uno de los textos jurídicos vigentes más antiguos del mundo y que por más de 230 años ha garantizado la continuidad y estabilidad de gobiernos de distinto signo. El secreto del éxito del sistema político estadounidense ha residido en su naturaleza flexible. Mediante un proceso de añadir Enmiendas (lo que en el derecho español entendemos como Disposiciones Adicionales), el mismo régimen ha permitido tanto la esclavitud, o la prohibición de la fabricación, venta o transporte de bebidas alcohólicas como su abolición. El polémico derecho a portar armas se ampara no en un artículo constitucional, si no en la segunda enmienda que fue introducida en 1791. Si bien la sola mención de esa enmienda da pie para una serie de artículos analizando la acrobacia retórica que se hace actualmente para justificar ese "derecho", ese no es el asunto que ocupa este artículo. A continuación, vamos a ver como Estados Unidos puede convertirse en una autocracia con el respaldo del texto constitucional original, tal cual salió de la Convención Constitucional de Filadelfia en 1787 y que los padres fundadores firmaron.
En la sección 1 del artículo segundo comienza de la siguiente manera: "El Poder Ejecutivo residirá en el Presidente de los Estados Unidos de América (...)". En el artículo apenas se desarrollan más funciones que las que se le pueden adjudicar a un jefe de estado cualquiera. Entre ellas están las funciones típicas de representar al estado, ser el mando supremo de las fuerzas armadas, firmar tratados internacionales, nombrar funcionarios o dirigirse al Congreso. Esas son las funciones expresas constitucionalmente, pero como hemos visto al inicio, se puede interpretar que hay también funciones presuntas. La personificación en la figura del Presidente del Poder Ejecutivo, sumado a una interpretación literal del texto constitucional, puede abrir un abanico amplio de posibilidades.
Los originalistas son los que interpretan que la Constitución es un documento estático, sin capacidad para evolucionar, y cuya interpretación debe de ser siempre acorde a la que hicieron los legisladores o en su defecto, a la literalidad textual. Esta escuela de pensamiento plantea que, en el supuesto (inventado) de que la Constitución dijera "ningún hombre libre puede ser obligado al pago para el uso de la vía pública", las mujeres podrían llegar a tener que pagar un peaje para salir de su casa, porque solo los hombres estarían exentos. En ese caso se hace evidente que la legislación que, pese a no ser inclusiva, usa el masculino genérico y más aún cuando se protege un derecho que se entiende de alcance universal.
Los defensores de la teoría del poder ejecutivo unitario son una ramificación de los originalistas. Esta teoría fue cogiendo fuerza en las filas del Partido Republicano bajo la presidencia de Ronald Reagan en la década de los años 80. La teoría se fundamenta en que el artículo segundo da legitimidad al Presidente para ejercer plenos poderes en el ámbito del ejecutivo; y obvia el principio liberal de los contrapesos y el carácter antimonárquico de la Constitución. La extensión de los poderes que le otorgan al Presidente puede llegar al ámbito de la transparencia y la no revelación de secretos, la aplicación de las leyes o la libre designación de todos los funcionarios que formen parte del poder ejecutivo. Esta última está siendo objeto de mayor preocupación ante una posible reelección de Trump en las próximas elecciones de noviembre.
En abril de 2023 un grupo de ultraconservadores publicaron un manifiesto llamado Project 2025. En él se detalla un plan para que, en el caso de que Donald Trump gane las presidenciales, pueda despedir a todos los funcionarios que no le sean leales y sustituirlos por trumpistas convencidos. La Fundación Heritage, firmante del documento, describe a la administración federal como de tendencia liberal y hostil a las políticas MAGA de Trump. Para evitar la contención que "sufrió" Trump durante el periodo 2016-2020, proponen el despido masivo de decenas de miles de funcionarios. El pretexto utilizado para legitimar esta ideologización de la función pública es la lucha contra el Deep State, esa indefinida masa de funcionarios corruptos que conspiran contra los valores cristianos, conservadores y contra la clase media norteamericana.
Esta medida no sería novedosa en el mundo; el mismo Erdoğan destituyó a unos 135.000 funcionarios durante dos años de estado de excepción tras la intentona golpista de 2016. Otros países europeos, como Polonia o Hungría, ya lo han intentado; y algunos, conseguido. En el caso polaco, encontramos la crisis política iniciada por el PiS, partido que gobernó de 2014 a 2022. Este partido ultraconservador impulsó medidas para poder controlar la elección de todos los jueces, quienes iban a depender directamente del Ministro de Justicia. El otro caso es el de Viktor Orbán, quien fue más exitoso que su socio de Visegrado. Mediante una reforma en la legislación laboral de los funcionarios públicos (Ley 199/2011 y Ley 1/2012 del nuevo Código Laboral), incluyó una cláusula de flexibilización que le permite despedirlos libremente.
Teniendo en cuenta la gran influencia cultural y política que ejerce Estados Unidos sobre el resto del mundo, la aplicación de la teoría del poder ejecutivo unitario en ese país puede tener consecuencias fatales para el resto de las democracias. La llegada de Trump en 2016 dio pie a la normalización de la derecha radical y sus ideas en todo el mundo, así como una forma de hacer política que rompe con los consensos democráticos. Así que su revalidación en la Casa Blanca, habiendo sido blindado por el Tribunal Supremo con la sentencia publicada en julio de 2024 que le otorga inmunidad en los actos como Presidente, promete una presidencia más desatada que la anterior.
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