Geopolítica y patriarcado: cómo el asesinato de Amber Poon quedó atrapado entre tres sistemas que no protegieron a la víctima
- Marta Fernández Martínez
- 25 nov 2025
- 3 Min. de lectura
El 25 de noviembre invita cada año a recordar que la violencia contra las mujeres no es solo un fenómeno individual, sino también institucional, estructural y profundamente político. El caso de Amber Poon Hiu-wing, asesinada en 2018 durante un viaje a Taiwán, ilustra de manera contundente cómo la combinación de vacíos legales, tensiones diplomáticas y ausencia de voluntad política puede convertir un feminicidio en un conflicto geopolítico que termina beneficiando al agresor.
Aunque la responsabilidad penal del asesino confeso, Chan Tong-kai, nunca estuvo en duda, la justicia quedó atrapada entre tres sistemas jurídicos —Hong Kong, Taiwán y China— incapaces de cooperar entre sí. Este bloqueo no solo impidió un juicio por asesinato: también dejó a la familia de Amber enfrentándose a una impunidad creada y sostenida por el propio sistema.
El punto de partida del laberinto es claro: Hong Kong, regido por el principio de territorialidad, no puede juzgar crímenes cometidos fuera de su jurisdicción. Pese a que Chan confesó el asesinato ante la policía hongkonesa, las autoridades solo pudieron procesarlo por blanqueo de capitales, al haber utilizado el dinero de la víctima tras su muerte. El homicidio, aun confesado, quedó fuera del alcance judicial.
El segundo obstáculo surgió del hecho de que Hong Kong y Taiwán no comparten un tratado de extradición. La ausencia de este mecanismo no es accidental: refleja la disputa histórica sobre el estatus político de Taiwán. Al considerarlo una “provincia rebelde”, China no permite que sus regiones administrativas —incluida Hong Kong— firmen tratados bilaterales con Taipéi, pues ello supondría reconocer su autonomía estatal.
Taiwán sí emitió una orden de arresto y solicitó cooperación, pero sin un marco legal de asistencia mutua, cada petición quedaba atrapada entre la diplomacia, los matices de soberanía y las prioridades políticas de cada parte. Así, el asesinato de Amber quedó reducido a una pieza más en un tablero geopolítico que nada tenía que ver con su derecho a la justicia.
El Gobierno de Hong Kong utilizó el caso para justificar en 2019 una reforma de la ley de extradición que, en teoría, permitiría enviar a Chan a Taiwán. En la práctica, la propuesta ampliaba también la posibilidad de extraditar personas al continente chino, un movimiento que despertó un temor profundo sobre la erosión del principio “un país, dos sistemas”.
El resultado es conocido: una de las mayores oleadas de protesta en la historia reciente de Hong Kong. Mientras cientos de miles de personas reclamaban garantías democráticas, el asesinato de Amber se convirtió en un argumento gubernamental, un símbolo instrumentalizado en un debate que poco tenía que ver con ella.
Al retirarse el proyecto de ley, Chan quedó en una situación de libertad protegida, sin mecanismos efectivos que lo obligaran a rendir cuentas ante Taiwán. Su supuesta voluntad de entregarse ha quedado estancada durante años en un proceso sin fechas, condicionado por elecciones, tensiones diplomáticas y fronteras cerradas.
Lo más inquietante del caso no es solo la impunidad de un hombre que ha reconocido su responsabilidad en un feminicidio, sino la evidencia de cómo las mujeres pueden quedar desamparadas cuando sus vidas chocan con intereses políticos.
La familia de Amber ha pasado años enviando cartas, ofreciendo conferencias de prensa y suplicando coordinación entre gobiernos pero incluso a día de hoy, las mujeres hongkonesas siguen sin contar con una protección eficaz frente a la violencia de género. La normativa vigente solo ofrece remedios civiles y limita su cobertura a quienes conviven con su agresor, dejando fuera a un amplio número de víctimas que no encajan en ese marco, como era el caso de Amber.
Por lo tanto no estamos únicamente ante un acto de violencia machista, la falta de justicia posterior refleja la violencia institucional que nace del abandono y la inacción de los Estados.
En este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el caso de Amber nos obliga a mirar hacia un nivel más profundo.
La violencia machista no la encontramos sólo en las relaciones interpersonales sino que además se perpetúa cuando los sistemas legales tienen huecos que permiten que un agresor evite ser juzgado, cuando la geopolítica pesa más que la vida de una mujer y cuando la burocracia y la soberanía se imponen sobre los derechos humanos.
La justicia para Amber no es únicamente un fallo judicial pendiente: es una lección urgente sobre la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, cerrar vacíos legales y construir instituciones que no dejen que los feminicidios se diluyan en disputas diplomáticas.
Recordarla este 25N es señalar con claridad que ninguna mujer debe quedar atrapada en la indiferencia del poder. Y que la lucha contra la violencia de género también exige combatir los sistemas que, por acción u omisión, contribuyen a que la impunidad sea posible.
Muy interesante
Sin palabras..,. gracias Marta por ilustrarnos tan bien,eso nos da fuerza para seguir luchando tanto x la violencia machista como con la instituciónal, si una es difícil de irradicar, la otra visto el panorama judicial q tenemos no será fácil, gracias una vez más,me encantan tus artículos. Rosi, desde Cox
Lamentablemente es un buen artículo y digo lamentable porque opinar sobre un artículo tan triste y duro como no es deseable. No obstante la situación está entre nosotros y nos rodea sin cesar. En este caso en concreto demuestra como las fronteras, gobiernos, burocracia, no ayudan en su resolución. Tristes todos los casos de violencia de género. Saludos Marta desde Callosa de Segura.
Brutal Marta, muy interesante el análisis que haces tan profundo, urgando en los sistemas jurídicos que entorpecen la protección de la mujer. Enhorabuena
Muy interesante