Crónicas del verano: África
- Pablo Díaz Gayoso
- 1 sept
- 6 Min. de lectura
Este verano de 2025 ha estado lejos de ser un periodo de descanso en lo que respecta a la actualidad política internacional. Ahora que regresamos en septiembre, haremos un repaso geográfico de lo ocurrido durante los últimos dos meses en el mundo, y en este artículo nos centraremos en África.
Los grandes medios han centrado su cobertura principalmente en dos acontecimientos: por un lado, el conflicto entre Israel y los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania, calificado por diversos organismos como un posible acto de genocidio; y por otro, el proceso de rehabilitación internacional del presidente ruso Vladímir Putin, impulsado por Donald Trump. Ambos eventos merecen un análisis profundo por su relevancia histórica, geopolítica y humana.
Sin embargo, el mundo no se ha detenido. A continuación, destacaremos al dos noticias de especial relevancia y de categorías distintas por cada continente para ofrecer una visión más amplia de lo que ha sucedido en este agitado verano.
La inalcanzable paz entre el M23 y RD Congo:
Iniciamos este repaso con un evento que ha generado gran preocupación en la región: la reactivación de los combates entre el gobierno de la República Democrática del Congo y la milicia M23 (Movimiento 23 de Marzo). El pasado 19 de julio, en Doha (Qatar), se reunieron representantes del gobierno congoleño y del M23 para iniciar conversaciones destinadas a poner fin al conflicto armado que, desde 2022, asola las regiones fronterizas con Ruanda y Uganda, en la provincia de Kivu.
El M23 es un grupo armado formado por tutsis que huyeron del genocidio de 1994 y que conformaron una milicia para combatir a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), compuestas principalmente por hutus que escaparon de las represalias tras perpetrar el genocidio. Estas fuerzas han sido acusadas de recibir apoyo del gobierno de Kinshasa. El escenario de los enfrentamientos se sitúa en la región oriental de la República Democrática del Congo, donde el M23 —respaldado por el gobierno de Paul Kagame (Ruanda)— ha seguido una estrategia de absoluto terror contra la población civil.
Desde 2022 hasta la fecha, el M23 ha buscado el control territorial de la región de Kivu, centrándose especialmente en las zonas mineras. Las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur son particularmente ricas en estaño, oro y coltán, minerales estratégicos que el M23 ha intentado dominar. En 2024, la milicia tomó la mina de Rubaya, una de las principales productoras de coltán del mundo, y comenzó a explotarla en beneficio de Ruanda.
A comienzos de 2025, el M23 expandió sus operaciones hacia las principales ciudades de la región, tomando por la fuerza la capital de Kivu Norte, Goma, en primer lugar, y posteriormente Bukavu, capital de Kivu Sur. Cabe destacar la brutalidad con la que se llevaron a cabo estas conquistas: se han reportado cientos de casos de violaciones a mujeres detenidas, ejecuciones sumarias y quema de personas vivas. Solo en julio de 2025, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó el asesinato de 319 civiles —incluidos mujeres y niños— en actos de violencia atribuidos al M23.
Como se mencionó anteriormente, en julio se iniciaron conversaciones en Doha para negociar un alto el fuego, que culminaron en la firma de una “declaración de principios”. Incluso intervino la Administración Trump, que en junio medió entre la República Democrática del Congo y Ruanda (sin la participación del M23), logrando un acuerdo preliminar de cese de hostilidades. Sin embargo, el camino diplomático ha resultado frágil y reversible: a principios de agosto, cuando estaba prevista la firma de un acuerdo de paz, el M23 se retiró de la mesa de negociaciones acusando a Kinshasa de continuar con las agresiones, y el gobierno congoleño respondió con acusaciones similares.
Mientras tanto, la población civil sigue pagando el precio más alto. En un país que ya carga con décadas de guerra y abandono, este nuevo capítulo del conflicto amenaza con perpetuar el ciclo de sufrimiento. Las cifras son difusas y la visibilidad sobre las víctimas directas e indirectas es limitada. No obstante, lo que sí se sabe es que el conflicto ha provocado más de siete millones de desplazamientos internos —en un país con aproximadamente 110 millones de habitantes— y más de 100.000 personas han huido hacia países fronterizos. La comunidad internacional, los actores regionales y el propio Estado congoleño tienen ante sí el desafío de romper esa lógica y apostar por una solución que priorice la vida, la justicia y la dignidad de quienes han sido silenciados por las armas.
La Junta Militar de Mali se repliega
La República de Malí ha vuelto a ser noticia este verano, y lamentablemente no por haber resuelto sus problemas de seguridad. En 2020, Malí sorprendió al mundo al convertirse en uno de los primeros países en sufrir un golpe de Estado en la era post-COVID-19, iniciando —con la excepción de Sudán en 2019— una ola de golpes exitosos en toda la región del Sahel. El corazón de África Occidental ha vivido ya dos golpes de Estado triunfantes: uno en 2020 y otro en 2021. No obstante, estos no han sido los únicos movimientos políticos de calado que ha experimentado el país.
En 2022, el gobierno de la Junta Militar puso fin a la presencia francesa (Operación Barkhane) en el país, que se mantenía desde 2014 liderando operaciones militares contra las insurgencias yihadistas y tuareg. Según el Instituto Español de Estudios Estratégicos (CESEDEN), los principales grupos armados son Jama'at Nusrat al Islam wa al Muslimeen (JNIM), filial de Al Qaeda, y el Estado Islámico del Sahel (EI Sahel), anteriormente conocido como Estado Islámico en el Gran Sahara. Ambos son grupos con presencia multinacional que operan en varios países de la región, como Burkina Faso y Níger. Desde 2012, la presencia de organizaciones islamistas en el Sahel se ha multiplicado año tras año, al igual que el consecuente aumento de la inseguridad. Estos grupos se hacen fuertes fuera de los grandes núcleos urbanos y desde allí los cercan para ejercer presión a los gobiernos.
En 2022, tras la retirada de las tropas francesas de la fracasada Operación Barkhane, el Grupo Wagner asumió operaciones en el Sahel para combatir al yihadismo desde “un enfoque estrictamente militar”. Esta organización paramilitar de mercenarios, que operaba en la sombra como punta de lanza de la política exterior rusa, fue absorbida por la fuerza en la estructura del Ministerio de Defensa de Rusia en 2023, después del fallido motín encabezado por su líder Yevgueni Prigozhin en junio de ese año. Tras la muerte de Prigozhin en un "accidente" aéreo en agosto de 2023, parte de su personal fue reestructurado bajo el mando directo del Ministerio de Defensa y pasó a operar con la nueva denominación “Africa Corps”, una fuerza creada para consolidar la presencia rusa en África, esta vez abiertamente como potencia.
Sin embargo, ni el cambio de mando ni la nueva denominación han mejorado la situación de seguridad en la región. El enfoque exclusivamente militar ha incrementado la violencia, generado nuevos resentimientos y contribuido a reforzar la narrativa yihadista. Además también han sufrido derrotas importantes, como la sufrida a finales de julio de 2024, a manos de los rebeldes tuareg del Marco Estratégico para la Defensa del Pueblo de Azawad (CSP‑DPA), aliados con los combatientes yihadistas de JNIM. Las fuerzas conjuntas malienses y los mercenarios de Wagner perdieron a casi 100 soldados en un enfrentamiento cerca de la frontera con Argelia.
La falta de resultados en el frente securitario de la Junta Militar ha mermado considerablemente el voto de confianza del que gozaba tras los golpes de 2020 y 2021. La política de mano dura contra los insurgentes y la implicación de mercenarios —acusados de ejecuciones de civiles y otros abusos— han favorecido una estrategia calculada por parte de los yihadistas. Esta consiste en atacar a las fuerzas del Estado y no a la población civil, lo que indica que la prioridad es debilitar la legitimidad de la Junta y quebrar la moral de las fuerzas de seguridad.
El éxito de esta estrategia se ha visto este pasado agosto, cuando la Junta Militar ha realizado una serie de detenciones de unas 50 figuras a las que culpa de querer desestabilizar las instituciones y derrocar a la Junta. Todos los detenidos pertenecían a la casta político-militar, lo que pone de manifiesto las luchas internas dentro de los propios golpistas.
Comentarios