Los talibanes en Bruselas: el comienzo del ICE europeo

Recientemente se ha conocido la impactante noticia de que la Comisión Europea ha invitado al régimen talibán a una reunión en Bruselas para hablar sobre la posibilidad de declarar a Afganistán como un país seguro de retorno. Esta reunión no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una deriva preocupante en la política migratoria europea que se ha ido fraguando durante los últimos años.

Todo ello deviene como parte de un plan de la Comisión influenciado por las agresivas políticas migratorias del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, para convertir el proyecto europeo en un sistema basado en la xenofobia, la vulneración de los Derechos Humanos y la securitización y criminalización de las personas migrantes. Pero esta deriva no responde únicamente a una influencia externa: la UE ya había comenzado a endurecer su postura con el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de 2020, y ahora da un paso aún más alarmante.

Este 1 de junio, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de la UE alcanzaron un acuerdo político provisional sobre el nuevo Reglamento de Retorno. La normativa, que se había retrasado una semana por desavenencias entre los colegisladores, fue finalmente sellada con el objetivo de acelerar las expulsiones y aumentar el número de devoluciones de personas sin derecho legal a permanecer en territorio comunitario. Entre sus principales novedades, destaca la posibilidad de que los Estados miembros creen centros de retorno en terceros países distintos al de origen de los migrantes, siempre que se suscriban acuerdos previos y se respete el principio de no devolución. En estos centros no podrá internarse a menores no acompañados, pero el resto de garantías quedan seriamente debilitadas.

Además, el reglamento exige a los migrantes una "cooperación activa" en su propio proceso de retorno, bajo amenaza de sanciones que pueden incluir la retirada de prestaciones sociales, la pérdida de permisos de trabajo e incluso penas de encarcelamiento. También se amplían los motivos de detención, como el llamado "riesgo de fuga", y se establecen periodos más largos de privación de libertad. Para aquellas personas consideradas una amenaza para la seguridad pública o nacional —una categoría definida de manera muy vaga— se prevé una expulsión prioritaria, la reclusión en prisiones comunes (aunque separadas de la población reclusa ordinaria) y prohibiciones de entrada indefinidas.

En casos de "emergencia", definidos también de forma imprecisa, los Estados miembros podrán derogar normas básicas. El texto permite asimismo la cooperación con entidades de terceros países no reconocidas internacionalmente para facilitar los retornos, establece sanciones para aquellos países que no colaboren en materia migratoria y mantiene el reconocimiento mutuo obligatorio de las decisiones de retorno entre Estados miembros, sin prever ningún recurso efectivo en el país que ejecuta dicha decisión.

España ha sido el único país que se mostró en contra de esta normativa desde que los ministros de Interior de los Veintisiete alcanzaron el enfoque general.

La oposición más firme ha venido de los grupos socialdemócratas, verdes y de izquierdas en el Parlamento Europeo, que consideran que la iniciativa supone un giro a la extrema derecha por parte de los populares.

Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos han alertado de que este sistema creará un régimen draconiano de detención y deportación que expondrá a cientos de miles de personas a daños y violencia, incluyendo el encarcelamiento durante largos periodos —hasta treinta meses—, la separación de familias y el envío de personas a países que ni siquiera conocen.

En consonancia con estos pasos, la Comisión comenzó a realizar una serie de misiones en diferentes países terceros como Bangladesh, Siria, Irán y Afganistán, con el objetivo de reconsiderar a estos países como "terceros países seguros" para poder retornar al mayor número posible de migrantes. Algo que no viene acompañado de ninguna mejora en su situación de derechos humanos, civiles o democrática. Pero parece ser que para Ursula von der Leyen todo vale, lo que nos lleva al punto inicial: los talibanes en Bruselas.

El régimen talibán, desde que culminó su regreso al poder en 2021, ha consolidado un apartheid de género sin igual en su población. Cada día aparece una noticia peor que la anterior sobre la situación extremadamente vulnerable que sufren las mujeres y las niñas en Afganistán. Por no hablar de la terrible persecución que vive igualmente el colectivo LGTBI+ en el país, permitiendo la condena a muerte por el mero hecho de expresarse en público como homosexual.

El Código Penal ha sido modificado para que abusar de un animal tenga más sanción que abusar de tu propia mujer. Se ha establecido una nueva ley que permite el matrimonio infantil una vez que las niñas hayan alcanzado la pubertad, lo que puede afectar a menores de hasta ocho años de edad. Las mujeres han sido eliminadas de la vía pública: si salen, deben vestir el burka y no tienen permitido hablar en público. No pueden estudiar ni trabajar. Solo son consideradas como objetos sexuales que permiten el crecimiento poblacional sin más expectativas que ser amas de casa sumisas. Ni siquiera tienen reconocido el derecho a socorro: tras el terremoto que asoló el país en 2023, miles de mujeres murieron debido a que los hombres debían tocarlas para poder rescatarlas, algo prohibido por la interpretación más extrema de su doctrina.

La terrible situación humanitaria de estas mujeres y niñas ya fue reconocida por varios estados europeos, entre ellos Finlandia, Suecia y Dinamarca, que han establecido una protección especial para ellas dentro de sus regímenes de asilo, otorgándoles una protección subsidiaria automática.

Sin embargo, la Unión Europea plantea ahora establecer un nuevo marco normativo que permita la devolución de millones de personas a países como Afganistán, basándose en vagos artículos sobre la necesidad de preservar la seguridad del país y haciendo un uso discriminatorio de la condición de migrante para equipararlo a un riesgo para la sociedad.

Algo que no solo es inmoral sino también ilegal. La Convención de Ginebra de 1951 determina claramente el principio de no retorno, que prohíbe a los Estados firmantes devolver a los solicitantes de asilo a territorios donde su vida o libertad corran peligro. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado en múltiples ocasiones que no se puede retornar a personas a zonas de conflicto activo o donde exista un riesgo real de tratos inhumanos o degradantes.

Declarar que países como Afganistán son seguros para retornar es, en la práctica, una condena a muerte asegurada para muchas de las personas que huyen del terror talibán, especialmente para las mujeres y las niñas.

Por eso diferentes organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas y una parte muy significativa del Parlamento Europeo se oponen de manera flagrante a esta esperpéntica nueva política que propone la Comisión. No todo vale por acelerar las expulsiones. No todo vale por imitar las políticas del ICE estadounidense. Los europeos no necesitamos criminalizar a uno de los sectores más vulnerables del mundo.

Necesitamos acabar con los conflictos mundiales que generan desplazamientos forzados —como el genocidio en Gaza que sigue siendo financiado por la UE— y necesitamos promover una paz real basada en el respeto por los derechos humanos. La lucha por los derechos humanos no puede pasar por negociar con quienes los anulan sistemáticamente.

Si la Unión Europea quiere ser fiel a sus propios valores fundacionales, no puede sentarse a la misma mesa con los talibanes para decidir el destino de quienes huyen de su terror. Los talibanes no tienen cabida en Bruselas.