Crónicas del verano: América
- Pablo Díaz Gayoso
- 23 sept
- 8 Min. de lectura
Actualizado: 25 sept
Este verano de 2025 ha estado lejos de ser un periodo de descanso en lo que respecta a la actualidad política internacional. Ahora que regresamos en septiembre, haremos un repaso geográfico de lo ocurrido durante los últimos dos meses en el mundo, centrándonos en este artículo en América.
Las semanas pasadas vimos en Crónicas del verano: África y Crónicas del verano: Asia cómo en los dos continentes más poblados del planeta el reloj, lejos de pararse, ha continuado y en ocasiones en estos meses estivales podrían haber cabido décadas. Por un lado, el conflicto entre Tailandia y Camboya y por otro lado, vimos cómo la lucha anti-yihadista en Malí puede hacer caer a la Junta Militar de Mali en un futuro cercano.
A continuación, destacaremos dos noticias de especial relevancia en la región americana. El espíritu de esta serie es la de dar a conocer los fenómenos políticos que escapan de los grandes titulares y como el país de los cowboys está absorbiendo todas las miradas a diario vamos a ver que ocurre más allá. Al fin y al cabo esa gran isla-continente amputada artificialmente por Panamá la conforman 35 países y el 65% de población restante también cuenta con sus dinámicas políticas propias que nos acaban afectando en el día a día.
Bolivia dice: No MAS
La actualidad político-electoral nos conduce a la patria de Evo Morales, o mejor dicho, a lo que él puede considerar su expatria. El pasado 17 de agosto se celebraron las elecciones generales en el país andino por excelencia. Este proceso concentró las votaciones parlamentarias —tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores— así como las presidenciales y vicepresidenciales, correspondientes al período 2025–2030.
Rara vez unas elecciones presidenciales en primera vuelta adquieren relevancia, ya que normalmente los candidatos que avanzan a la segunda suelen ser el oficialista (ya sea el presidente en ejercicio o alguien de su misma línea) y, por otro lado, el principal opositor. Este no fue el caso de Bolivia.
El bloque oficialista —es decir, el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS–IPSP), a continuación "MAS", que respaldó a Luis Arce durante su mandato— obtuvo poco más del 3 % de los votos, tanto en las elecciones presidenciales como en las parlamentarias. Se trata de un fracaso rotundo para la fuerza política que ha gobernado Bolivia de forma democrática desde 2006, cuando Evo Morales llegó al poder, con la salvedad del interregno institucional entre el 12 de noviembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez, considerado por algunos sectores como resultado de un golpe de Estado.
La clave de este desplome electoral radica, entre otros factores, en la ruptura irreconciliable entre Evo Morales y su sucesor, Luis Arce. Arce, quien fue ministro de Economía durante gran parte de las presidencias de Morales, accedió al más alto cargo del país impulsado por su antecesor. Incluso logró superarlo en número de votos absolutos, obteniendo la presidencia en primera vuelta y una mayoría cómoda en el Parlamento. El futuro del MAS y de su nuevo presidente parecía asegurado, pero como veremos a continuación, los liderazgos tan carismáticos como el de Evo Morales rara vez permiten ceder de facto el cargo de capitán.
A principios del mandato de Luis Arce (2020–2025) comenzaron las críticas a su gestión económica, especialmente por parte de Evo Morales. Estas se intensificaron en 2022, con énfasis en la política energética de hidrocarburos. Aunque la crisis global afectó a Bolivia, los problemas más graves —como la escasez de dólares y combustibles— se agudizaron en los años siguientes. En respuesta, Arce argumentó que la crisis era consecuencia de los “gobiernos anteriores”, por no haber invertido lo suficiente en innovación y exploración energética. La retórica entre ambos líderes se fue intensificando.
En 2023, Evo Morales denunció públicamente que el gobierno de Luis Arce lo estaba espiando y que era víctima de una persecución política. Como reacción, el Movimiento al Socialismo (MAS), aún bajo la presidencia de Morales, expulsó a Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, acusándolos de traición. En ese mismo contexto, Morales se proclamó candidato único para las elecciones de 2025. Sin embargo, dicha expulsión fue posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que declaró inválido el congreso partidario en el que se tomó la decisión. Tras el fallo, Morales y sus seguidores abandonaron el MAS y conformaron una nueva organización política llamada EVO Pueblo (Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo). La guerra interna entre los sectores “evista” y “arcista” del MAS ya era más que evidente.
En 2024, Morales lideró una marcha de siete días hacia La Paz, exigiendo el reconocimiento del congreso y respuestas concretas a la crisis económica que afectaba al país. La polarización entre “evistas” y “arcistas” se trasladó a las calles. En varias ciudades se registraron enfrentamientos entre seguidores de ambos líderes, con bloqueos, marchas paralelas y choques violentos. En Cochabamba y El Alto, los disturbios dejaron decenas de heridos y varios detenidos.
La tensión alcanzó su punto máximo el 26 de junio de 2024, cuando el general Juan José Zúñiga protagonizó un intento de golpe de Estado. El objetivo declarado era destituir al presidente Arce y arrestar a Evo Morales, a quien acusaba de desestabilizar el país. El intento fracasó ese mismo día, tras la rápida reacción del gobierno y la falta de apoyo militar. Zúñiga y otros implicados fueron arrestados. En medio del caos, Morales acusó a Arce de haber organizado un autogolpe para ganar legitimidad de cara a las elecciones de 2025, lo que evidenció aún más la galopante polarización política en Bolivia. Acto seguido, Arce renunció a su candidatura oficial a la reelección.
Pese a varios intentos fallidos de buscar un cuarto mandato, ni Evo Morales ni sus seguidores lograron presentarse a las elecciones del pasado agosto y abogaron por el voto nulo. Tampoco lo hizo Luis Arce, quien en su lugar impulsó la candidatura de su exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que como vimos obtuvo un resultado electoral estrepitosamente bajo.
Por otro lado, los vencedores de esta primera vuelta han sido Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, con un 32,2 %, y Jorge Quiroga, de la conservadora Alianza Libre, con el 26,9 %. Por primera vez en casi dos décadas, Bolivia se encamina hacia un cambio político orientado hacia la derecha, con la segunda vuelta programada para el próximo 19 de octubre.
El escenario que se abre tras estas elecciones es una incógnita: gane quien gane, deberá gobernar un país cuya arquitectura constitucional fue reformada por y para los gobiernos del MAS. Además, enfrentará una oposición significativa del sector evista, que promovió el voto nulo y, si se considera como expresión plena de su base política, alcanzó cerca del 20 % de los votos, consolidándose como una tercera fuerza de peso.
Quién la hace, (esta vez) la paga
En el pasado, la impunidad de los líderes políticos que cometían delitos parecía ser la norma. Sin embargo, este verano Latinoamérica ha dado importantes lecciones al mundo, y en particular a su vecino del norte. Frente a hechos similares ha habido dos tipo de respuestas que demuestran la debilidad o fortaleza de un sistema político.
Por un lado, está el caso de Estados Unidos, donde el sistema judicial y político ha sido incapaz de juzgar el intento de golpe de Estado protagonizado por Donald Trump el 6 de enero de 2021. Y no ha sido por falta de oportunidades. Durante su primer mandato en la Casa Blanca, ya se presentaron dos procesos de impeachment contra el presidente republicano, que, de haber prosperado, habrían inhabilitado su candidatura en 2024. El primero fue motivado por condicionar la ayuda militar a Ucrania a cambio de que el presidente Zelensky investigara los negocios de la familia Biden, su principal rivalizable político en el momento. El segundo, en 2021, tuvo lugar en el contexto del asalto al Capitolio. La extrema polarización política, sumada a la absoluta falta de principios por parte del Partido Republicano, ha impedido que se rindan cuentas por estos hechos.
Por la vía judicial el sistema ha sido también incapaz de dictar sentencia antes de las elecciones de 2024 por el intento de golpe, lo que pese a las abrumadoras pruebas en su contra ha podido presentarse y ser reelegido.
Sin embargo la televisada debilidad del sistema político estadounidense, sistema constitucionalmente creado para la rendición de cuentas, el equilibrio y división de poderes y la transición pacífica del poder, contrasta notoriamente con la República Federativa de Brasil.
El 8 de enero de 2023, el recién derrotado expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (Partido Liberal) fue el centro de atención tras una serie de maniobras llevadas a cabo por miembros de su gobierno y sectores de las Fuerzas Armadas, durante y después de las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil. Estas acciones tenían como objetivo sabotear la transición democrática hacia el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores). Entre sus propósitos se incluían la permanencia de Bolsonaro en el poder, la detención de autoridades judiciales como el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, y el cierre de instituciones fundamentales del Estado, como el Congreso Nacional. En definitiva un golpe de estado clásico impulsado por quien no reconoce ni el sistema democrático ni la voluntad popular.
Este intento de golpe se materializó el domingo 8 de enero con el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Los manifestantes irrumpieron en la sede de la Cámara de Diputados e intentaron tomar el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo. El caos de revirtió rápidamente con la firma del decreto presidencial que autorizó un estado de emergencia federal en el Distrito Federal hasta finales de enero de 2023 que posteriormente validó el Congreso.
La condena por el intento de golpe llegó el 11 de septiembre de 2025. En ella, el Tribunal Supremo impuso a Jair Bolsonaro y a varios altos mandos militares afines una pena de 27 años —24 de prisión y 3 de detención domiciliaria— por liderar una conspiración golpista cuyo objetivo era impedir la transferencia de poder al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. La sentencia fue ratificada por cuatro de los cinco magistrados del tribunal.
De forma paralela a este proceso judicial, el hijo del expresidente, Eduardo Bolsonaro, permanece prófugo de la justicia brasileña desde marzo de 2025 y se encuentra refugiado en Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump. El Tribunal Supremo de Brasil solicitó a la Fiscalía que analizara la retención de su pasaporte, lo que motivó su salida del país. Ante la inminente condena de su padre, ha mantenido contactos con el mandatario estadounidense para solicitar represalias contra Brasil, proponiendo la imposición de aranceles del 50 % y sancionando a los jueces del Supremo como castigo por lo que considera una persecución política. Esta propuesta ha sido acogida por la Casa Blanca, en el marco de un giro ideológico y neocolonial en la política exterior estadounidense, el más marcado desde los gobiernos de Ronald Reagan.
Este mes de septiembre, la actualidad política brasileña no se ha limitado a la histórica sentencia contra Jair Bolsonaro. La mayoría derechista en la Cámara de Diputados ha aprobado (con 311 votos a favor y 163 en contra), por vía de urgencia, un proyecto de ley que busca reducir las condenas impuestas el 11 de septiembre a los responsables del intento de golpe de Estado. La respuesta popular fue inmediata: decenas de miles de personas, provenientes de sectores de la izquierda, el sindicalismo y movimientos sociales, salieron a las calles para reivindicar el principio de no impunidad frente a los golpistas.
Al calor de las protestas ciudadanas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha declarado que, en caso de que el proyecto de ley de amnistía sea aprobado por el Parlamento y enviado a su despacho, ejercerá su poder de veto presidencial. Por el contrario, los defensores de Jair Bolsonaro —que también han salido a las calles— sostienen que la condena contra el exmandatario está políticamente motivada y argumentan que la amnistía es necesaria para “restaurar la democracia” en Brasil. El futuro de un país como Brasil es incierto y la extrema polarización parece lejos de solucionarse pero la historia política mundial nos ha demostrado que la impunidad con los actores extremistas que buscan acabar con el sistema democrático siempre tiene terribles consecuencias. No veo que sea necesario mencionar el caso alemán, italiano, español o chileno.
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